Hace un par de días se publicó en el B.O.E. la Ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones que no es otra cosa que una revisión encubierta del artículo 18 de la Constitución, que garantiza el derecho a la intimidad, el secreto de las telecomunicaciones y la limitación del uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar. Si bien es cierto que la citada ley no contraviene directamente lo dispuesto en el anterior artículo -la cesión de los datos sigue obedeciendo a una orden judicial-, no hay duda de que supone una clara limitación de enormes dimensiones a la libertad de actuación, privacidad e intimidad de que hasta ahora veníamos gozando.
Esta ley, resumida en 8 puntos por Xavier Rivas en una entrada de su blog, expresa la necesidad de que se almacenen por terceros multitud de datos personales nuestros durante períodos de tiempo que pueden llegar a ser hasta de dos años. También contempla una obligación por la cual «los operadores deberán registrar la identidad de los clientes de tarjetas de prepago».
¿Seguridad o privacidad? Nos quejábamos de que los «malísimos» EEUU tomaban nuestros datos a los que entrábamos en su país, de la implantación de pasaportes biométricos en holanda o con radiofrecuencias en Pakistán, de los RFID en los productos de la compra en supermercados Wal-Mart, de la exploración corporal (al desnudo) mediante ondas de radio en el aeropuerto de Amsterdam… Ahora en España la conservación de datos (nuestros datos) en servicios de telecomunicaciones es una obligación. La idea es que con ellos se nos pueda rastrear, identificar, localizar, determinar la fecha, hora y duración de la comunicación… El gobierno de la Z ha decidido dejar a un lado los valores de la izquierda progresista -libertad, autonomía, emancipación- para aliarse al bando del estricto control del pensamiento y la inactividad individual (¿libertad para la ciudadanía o para el gobierno y el control?).
La prevención de delitos y la seguridad son y deben ser siempre adalides de toda medida legislativa estatal, siempre que no conculquen los valores de nuestra corta tradición constitucional de libertaZ, intimidaZ y privacidaZ, ¿no es así, Zp?
Aquí la ley:
